El 11 de agosto de 2025, la High Court of Justice de Inglaterra y Gales resolvió el recurso interpuesto por la Wikimedia Foundation contra determinadas disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo del Online Safety Act 2023 (OSA). La sentencia desestimó las pretensiones de la Fundación, pero introdujo matices relevantes que impiden calificar el fallo como una derrota absoluta. El juez Jeremy Johnson subrayó que, aunque el legislador cuenta con competencia para establecer un marco general de obligaciones preventivas, la eventual aplicación de esas obligaciones a Wikipedia deberá someterse a un control de proporcionalidad y no podrá afectar de manera sustancial al funcionamiento de la plataforma.
El OSA 2023 establece un régimen reforzado para las plataformas designadas como Category 1 services, entre cuyas obligaciones destacan las evaluaciones periódicas de riesgo sobre contenidos ilícitos o dañinos para adultos y menores, la implementación de mecanismos de verificación de edad e identidad en contextos de riesgo significativo y la preservación de contenidos de relevancia democrática o valor periodístico. La autoridad reguladora, Ofcom, dispone de potestades de supervisión y sanción amplias, incluyendo la posibilidad de imponer multas que pueden alcanzar el 10 % del volumen de negocios global de la empresa infractora.
La Wikimedia Foundation alegó que la aplicación de estas obligaciones a Wikipedia vulneraría principios esenciales como la proporcionalidad y la libertad de expresión, protegida por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y desnaturalizaría el modelo abierto, colaborativo y no lucrativo de la enciclopedia. Según la Fundación, imponer verificaciones de identidad o requisitos de registro estrictos tendría un efecto disuasorio (chilling effect) sobre la participación voluntaria y anónima que constituye la esencia del proyecto.
En su fallo, la High Court rechazó la impugnación por considerar que no se ha producido aún un perjuicio concreto y actual, dado que Wikipedia no ha sido formalmente clasificada como servicio de Categoría 1. No obstante, el tribunal dejó la puerta abierta a que la Fundación pueda recurrir en el futuro si la aplicación específica de la normativa se traduce en cargas desproporcionadas o incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales. Este matiz constituye un límite implícito a la discrecionalidad regulatoria de Ofcom y preserva la posibilidad de control judicial ex post.
Desde una perspectiva jurídica, la resolución ofrece tres claves: en primer lugar, el control judicial preventivo sobre normas de carácter general se mantiene limitado; en segundo lugar, el tribunal reconoce, aunque de manera implícita, que existen modelos de servicio —como Wikipedia— cuya singularidad justifica un tratamiento regulatorio diferenciado; y, en tercer lugar, se reafirma la vigencia del control judicial posterior para corregir eventuales aplicaciones desproporcionadas de la ley.
En definitiva, esta sentencia no cierra el debate, sino que inaugura una fase de observación atenta de la actuación de Ofcom. El caso se sitúa en la intersección entre la protección de colectivos vulnerables, como los menores, y la salvaguarda de las libertades informativas y de los entornos digitales abiertos. Si en el futuro se impusieran a Wikipedia medidas que comprometan su modelo de funcionamiento, el conflicto jurídico volvería a los tribunales, esta vez sobre la aplicación concreta y no sobre la mera validez de la regulación general.
