La Comisión Europea ha impuesto una multa de 200 millones de euros a Temu por incumplimiento del Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act o DSA), en una decisión que probablemente marcará un antes y un después en la supervisión de las grandes plataformas de comercio electrónico en Europa. La sanción no se refiere a una infracción aislada ni a un producto concreto, sino a algo mucho más relevante desde una perspectiva jurídica: el incumplimiento de las obligaciones estructurales de gestión de riesgos que el DSA impone a las plataformas digitales de muy gran tamaño.
Nos encontramos, por tanto, ante un cambio de paradigma regulatorio. Tradicionalmente, la actuación administrativa se dirigía contra productos específicos, vendedores concretos o conductas individuales. El DSA, sin embargo, desplaza el foco hacia la propia arquitectura de la plataforma y hacia la forma en que ésta gestiona los riesgos sistémicos derivados de su actividad.
La cuestión central: no es lo que vende Temu, sino cómo controla lo que vende
Según la Comisión Europea, Temu no identificó, analizó ni evaluó adecuadamente los riesgos derivados de la presencia de productos ilegales en su plataforma. La investigación concluyó que los consumidores europeos tenían una probabilidad elevada de encontrar artículos que incumplían la normativa de la Unión, incluyendo juguetes infantiles inseguros, cargadores eléctricos defectuosos y otros productos potencialmente peligrosos para la salud y la seguridad.
Lo relevante desde el punto de vista jurídico es que la sanción no se fundamenta en la mera existencia de productos ilegales. Ninguna plataforma de la dimensión de Temu puede garantizar un riesgo cero. Lo que reprocha la Comisión es que la empresa no llevó a cabo una evaluación diligente y suficientemente rigurosa de esos riesgos, incumpliendo una obligación esencial prevista en el DSA para las plataformas de muy gran tamaño.
En otras palabras, el incumplimiento sancionado no es el resultado, sino la deficiencia del sistema de prevención.
El DSA y la responsabilidad basada en riesgos
Uno de los aspectos más innovadores del Reglamento de Servicios Digitales es la introducción de un modelo regulatorio basado en riesgos.
Las plataformas digitales con más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea no solo deben reaccionar cuando detectan contenidos o productos ilícitos. También deben anticipar los riesgos sistémicos que puedan derivarse de su funcionamiento, documentarlos, evaluarlos periódicamente y adoptar medidas proporcionadas para mitigarlos.
Este enfoque recuerda en gran medida a otros sectores regulados como la protección de datos personales, la prevención del blanqueo de capitales o la ciberseguridad. La lógica subyacente es idéntica: la organización debe demostrar que ha identificado los riesgos relevantes y que dispone de mecanismos adecuados para gestionarlos.
La Comisión concluyó que la evaluación de riesgos elaborada por Temu en 2024 no alcanzaba el estándar exigido por el DSA y que la empresa había subestimado significativamente la probabilidad y el impacto de la comercialización de productos ilegales a través de su plataforma.
Una investigación basada en pruebas reales
Otro elemento destacable es la metodología empleada por las autoridades europeas.
La investigación incluyó ejercicios de mystery shopping o compras encubiertas realizadas directamente en la plataforma. Los productos adquiridos fueron posteriormente sometidos a análisis técnicos y ensayos de laboratorio, detectándose diversos incumplimientos de la normativa europea de seguridad de productos.
Esta aproximación resulta especialmente significativa porque demuestra que la aplicación del DSA no se está desarrollando únicamente mediante análisis documentales o declaraciones de cumplimiento, sino mediante mecanismos de verificación práctica que permiten evaluar el funcionamiento real de las plataformas.
Desde una perspectiva probatoria, ello refuerza considerablemente la posición de la Comisión en eventuales recursos judiciales.
Más allá de Temu: el mensaje para todo el mercado digital
La decisión trasciende claramente el caso concreto de Temu.
La Comisión está enviando un mensaje inequívoco a todas las plataformas digitales que operan en el mercado europeo: la obligación de gestionar riesgos sistémicos no es una exigencia meramente formal ni documental. Debe traducirse en medidas reales, verificables y efectivas.
Asimismo, la resolución confirma que el DSA ha entrado en una nueva fase. Durante los primeros años de aplicación predominó la elaboración de guías, auditorías y requerimientos de información. Ahora estamos asistiendo a la consolidación de una verdadera política sancionadora europea en materia digital.
No debe olvidarse que esta es una de las sanciones más importantes impuestas hasta la fecha en aplicación del DSA y que se suma a las actuaciones iniciadas contra otras grandes plataformas tecnológicas.
¿Qué ocurre ahora?
La multa económica no pone fin al procedimiento.
La Comisión ha exigido a Temu la presentación de un plan de acción para corregir las deficiencias detectadas y adecuar sus mecanismos de evaluación y mitigación de riesgos a las exigencias del Reglamento. Si las medidas adoptadas resultaran insuficientes, podrían imponerse nuevas sanciones e incluso pagos coercitivos periódicos.
Paralelamente, continúan abiertas otras investigaciones sobre diferentes aspectos del funcionamiento de la plataforma, lo que evidencia que el escrutinio regulatorio europeo sobre el comercio electrónico transfronterizo se encuentra lejos de haber concluido.
La sanción a Temu constituye probablemente uno de los ejemplos más claros de la transformación que está experimentando el Derecho Digital europeo.
La Unión Europea ya no se limita a reaccionar frente a infracciones concretas. Su objetivo es exigir a las grandes plataformas una gobernanza preventiva de los riesgos que generan sus modelos de negocio.
Desde esta perspectiva, el caso Temu no trata realmente sobre juguetes, cargadores o productos peligrosos. Trata sobre algo mucho más profundo: la responsabilidad jurídica de las plataformas digitales en la construcción de un entorno digital seguro y confiable para más de 450 millones de consumidores europeos.
Y ese principio, previsiblemente, será uno de los pilares fundamentales de la regulación digital europea durante la próxima década
