¿Una nueva era en la exoneración del pasivo insatisfecho? La STS 594/2025 y el límite de las derivaciones de responsabilidad En los últimos años, la exoneración del pasivo insatisfecho se ha consolidado como una herramienta crucial para ofrecer una segunda oportunidad real a los deudores de buena fe. Sin embargo, la aplicación del artículo 487.1.2º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) ha venido funcionando como un muro infranqueable cuando se da una derivación de responsabilidad, especialmente en el ámbito tributario o de la Seguridad Social. Hasta ahora, bastaba con que existiera una derivación firme –aunque no necesariamente probada la mala fe del deudor– para que se denegara el acceso a la exoneración. El precepto actúa, en la práctica, como una cláusula de cierre automático, que impide al juez valorar las circunstancias concretas del caso, sin atender a la existencia o no de dolo, fraude o intención maliciosa. En otras palabras, equipara cualquier derivación, incluso las puramente objetivas, con una conducta reprochable incompatible con el beneficio de exoneración. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de mayo de 2025 (nº 594/2025), podría cambiar profundamente este panorama. Se trata de una resolución dictada por la Sección Segunda de la Sala Tercera, en la que se revisa el alcance de las derivaciones de responsabilidad tributaria en relación con las garantías procesales y el principio de culpabilidad. La clave: ¿puede impedirse la exoneración sin prueba de dolo? La tesis del Supremo es clara: la derivación de responsabilidad al administrador no puede tener un carácter puramente objetivo. La Administración debe acreditar que concurre una conducta culposa o dolosa por parte del deudor. No basta con una mera falta de pago ni con irregularidades formales. Y lo más relevante: esta exigencia de prueba no se agota en el expediente administrativo, sino que puede –y debe– ser valorada judicialmente en sede concursal cuando está en juego el derecho a la exoneración. Este planteamiento supone una revisión de la lectura tradicional del art. 487.1.2º TRLC, que hasta ahora operaba con una lógica automática: si hay derivación firme, no hay exoneración posible. Con esta sentencia, el Supremo sugiere que la derivación solo puede impedir la exoneración cuando ha quedado debidamente probado que el deudor actuó con dolo o culpa grave. Una oportunidad para matizar la legislación concursal Esta doctrina abre una vía a interpretaciones más ajustadas a los principios de proporcionalidad y justicia material. El automatismo legal, que trataba igual a quien ha defraudado de forma dolosa y a quien simplemente ha sido declarado responsable subsidiario por razones puramente formales, se ve por fin cuestionado. A partir de ahora, cabrá argumentar en sede concursal que la derivación no impide, por sí sola, la obtención del beneficio de exoneración. Habrá que examinar si hubo realmente una conducta reprochable que justifique la denegación. En caso contrario, el deudor podrá seguir accediendo a la segunda oportunidad, incluso aunque exista una derivación firme de responsabilidad tributaria o frente a la Seguridad Social. Reflexión final La STS 594/2025 no modifica el TRLC, pero lo interpreta desde una clave garantista, exigiendo que el principio de culpabilidad y el derecho a un juicio justo también rijan en la exoneración concursal. Aunque la doctrina aún está consolidándose, esta resolución podría marcar un antes y un después en la forma en que nuestros juzgados valoran las derivaciones de responsabilidad en los procedimientos de segunda oportunidad. En definitiva, se abre la puerta a una interpretación más humana, más justa y más ajustada a los principios constitucionales. Y eso, sin duda, merece ser celebrado.

Un empresario del sector de la hostelería ha sido exonerado de una deuda de 180.866 euros gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona aprobó un plan de pagos de cinco años, permitiéndole reorganizar su economía sin perder su vivienda .  Este empresario había acumulado la deuda tras no poder devolver los préstamos que le concedieron para poner en marcha su negocio de bar, el cual tuvo que cerrar debido a la pandemia de COVID-19. La abogada Marta Bergadà, socia fundadora de Bergadà Abogados, destacó que el empresario cumplía con los requisitos de ser un deudor de buena fe, condición indispensable para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.  El caso subraya la importancia de contar con un marco legal que permita a los deudores honestos liberarse de cargas económicas que les impiden avanzar. La Ley de la Segunda Oportunidad sigue demostrando ser una herramienta fundamental para aquellos que, debido a circunstancias ajenas a su voluntad, se ven en una situación de insolvencia 

La reciente sentencia 450/2025 del Tribunal Supremo, dictada en Pleno el 20 de marzo, marca un hito en el ámbito del Derecho Concursal en España. Esta resolución declara que el artículo 491.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, incurre en una extralimitación de la habilitación legal al excluir los créditos públicos de la exoneración inmediata. Con ello, el Supremo rompe el blindaje que hasta ahora protegía a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social en los procedimientos de Segunda Oportunidad .  Esta decisión reafirma la doctrina establecida en la sentencia 381/2019, que ya permitía la inclusión de créditos públicos en los planes de pagos. Sin embargo, la nueva sentencia va más allá al cuestionar directamente la legalidad del artículo 491.1 del TRLC, señalando que su redacción excede la habilitación conferida por el legislador.  El origen de esta controversia se remonta a 2015, cuando la Ley de Segunda Oportunidad excluyó de la exoneración los créditos de derecho público y por alimentos. Esta exclusión generó críticas, ya que permitía la liberación de deudas con entidades privadas, pero mantenía inalterables las obligaciones con las administraciones públicas.  La sentencia del Supremo se alinea con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de noviembre de 2024, que cuestionó la compatibilidad de la exclusión de créditos públicos con el principio de exoneración universal previsto en la Directiva 2019/1023. Ambas resoluciones apuntan hacia una interpretación más favorable al deudor, permitiendo una verdadera segunda oportunidad sin excepciones injustificadas.  Este fallo tiene implicaciones significativas para los profesionales del Derecho Concursal y para los deudores que buscan acogerse al mecanismo de Segunda Oportunidad. A partir de ahora, será posible solicitar la exoneración de deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.  En conclusión, la sentencia 450/2025 del Tribunal Supremo representa un avance en la protección de los deudores honestos y en la eficacia del mecanismo de Segunda Oportunidad. Al eliminar el blindaje de los créditos públicos, se promueve una mayor equidad y se facilita la reintegración económica y social de las personas físicas en situación de insolvencia. 

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 562/2025 de 9 de abril (Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Almenar Belenguer), resolvió un caso de responsabilidad civil por negligencia médica en el ámbito obstétrico. El fallo eleva la indemnización a 3.055.797 euros, aplicando con carácter orientador el baremo de tráfico vigente en 2017 (Ley 35/2015), en lugar del de 2013, como habían hecho las instancias inferiores.   Aspectos jurídicos destacados: Este fallo sienta un precedente importante en la jurisprudencia española sobre la aplicación de baremos en casos de negligencia médica, especialmente en situaciones donde las lesiones son graves y permanentes. La decisión de utilizar un baremo más actualizado refleja una tendencia hacia una interpretación más favorable a las víctimas en la búsqueda de una reparación justa. La sentencia núm. 562/2025 del Tribunal Supremo marca un hito en la responsabilidad civil sanitaria, destacando la importancia de aplicar criterios actualizados y justos en la indemnización de víctimas de negligencias médicas. Este caso refuerza el compromiso del sistema judicial con la protección de los derechos de los pacientes y la búsqueda de una compensación adecuada a los daños sufridos.