Las recientes sentencias dictadas por el Tribunal General de la Unión Europea en los asuntos acumulados T-1103/23 y T-1104/23, relativas a la emblemática marca TESTAROSSA de Ferrari, ofrecen una valiosa contribución doctrinal al debate sobre el uso efectivo de una marca registrada en la Unión. En ambos litigios, Ferrari impugnó las resoluciones de la EUIPO que declararon la caducidad parcial de sus marcas por presunta falta de uso en las clases 12 y 28 del Arreglo de Niza (vehículos, piezas y juguetes). El núcleo del conflicto jurídico giró en torno a la interpretación del “uso efectivo” de la marca. Ferrari alegó que, si bien no fabricaba directamente los vehículos TESTAROSSA desde hacía años, seguía comercializando piezas originales, productos derivados y juguetes con licencia, todo ello en estrecha colaboración con concesionarios y empresas especializadas que actuaban bajo autorización expresa. La EUIPO consideró que esta forma de explotación indirecta era insuficiente para acreditar un uso genuino conforme al artículo 58 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea. Sin embargo, el Tribunal General corrigió ese enfoque y acogió las alegaciones del fabricante italiano. A su juicio, el hecho de que las piezas y vehículos fueran comercializados por terceros autorizados —como la sociedad Maranello S.r.l., encargada de la certificación de autenticidad— no excluía la existencia de un uso efectivo. Es más, el uso de la marca por licenciatarios o distribuidores oficiales debe considerarse válido si el titular lo consiente y se mantiene el control sobre la calidad y la vinculación comercial. Respecto a los productos de la clase 28 (vehículos en miniatura, juguetes), el Tribunal también confirmó que la comercialización de estos productos por terceros bajo la fórmula “producto oficial con licencia Ferrari” constituye una manifestación clara del uso de la marca. En consecuencia, anuló las resoluciones impugnadas de la EUIPO y reconoció la validez de la marca TESTAROSSA para ambas clases. Esta jurisprudencia reviste una notable importancia para la dogmática del Derecho marcario. De forma nítida, amplía el concepto de “uso efectivo” y lo adapta a la lógica del mercado contemporáneo, en el que muchas marcas —particularmente históricas o de lujo— se comercializan mediante canales indirectos, acuerdos de licencia, certificaciones o merchandising. El enfoque adoptado refuerza la protección jurídica de marcas con notoriedad transnacional, incluso cuando han cesado sus líneas de producción originarias. En suma, las sentencias T-1103/23 y T-1104/23 marcan un paso decisivo hacia una interpretación funcionalista y promercado del uso de las marcas en la Unión Europea, reafirmando que lo determinante es la percepción del consumidor y la persistencia de una presencia comercial significativa bajo el signo distintivo.

El 27 de junio de 2025, la Comisión Europea anunció la organización de un taller por parte de su AI Office, con el objetivo de convencer a proveedores de modelos de IA general (GPAI) —como ChatGPT o Gemini— de que suscriban el Código de Buenas Prácticas antes de la entrada en vigor, el 2 de agosto de 2025, de las primeras obligaciones del AI Act  . Este taller busca presentar la versión final del Código, destacar los beneficios de la firma —como mayor seguridad jurídica y reducción de cargas administrativas— y alentar la colaboración de los principales actores del sector  . El Código, redactado por 13 expertos independientes con contribuciones de más de 1.000 partes interesadas, ofrece una guía voluntaria pero estratégica. Incluye compromisos en tres ejes —transparencia, derechos de autor, seguridad y protección— y sirve como instrumento interpretativo anticipado del AI Act  . La firma del Código hará presumir un cumplimiento más sólido frente a inspecciones regulatorias, mientras que los no signatarios podrían enfrentar mayor escrutinio  . Sin embargo, el proceso no ha estado exento de tensiones. Grandes compañías tecnológicas, editoriales y autoridades estadounidenses han presionado por simplificar y posponer la implementación, alegando riesgo de cargas excesivas y conflictos con la normativa de copyright europea (). Al tiempo, grupos de defensa de los derechos digitales advierten que el carácter voluntario no debería substituir un régimen obligatorio y vinculante de cumplimiento, y exigen un control riguroso por parte de la AI Office  . La Comisión, por su parte, mantiene el calendario actual del AI Act y estudia la posibilidad de otorgar una especie de periodo de gracia a quienes firmen el Código, en vista de que se publicará pocos días antes de su entrada en vigor  . Para lograrlo, funcionarios comunitarios y representantes de los Estados miembros evaluarán las adhesiones durante julio, previo a la formalización a través de un acto de ejecución. Relevancia jurídico-académica y retos regulatorios El taller convocado por la CE representa una estrategia clave: antes de activar el AI Act, desea involucrar activamente al sector privado para impulsar un ecosistema de IA más seguro, transparente y responsable. Desde una perspectiva jurídica, esta aproximación híbrida —entre voluntariedad técnica y supervisión normativa— anticipa una forma innovadora de regulación inteligente, cuya eficacia dependerá de la respuesta de las grandes empresas tecnológicas y de la voluntad comunitaria de supervisar su materialización.