El gobierno de Nueva Zelanda ha presentado un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La iniciativa, liderada por la diputada Catherine Wedd del Partido Nacional y respaldada por el primer ministro Christopher Luxon, tiene como objetivo proteger a los jóvenes de contenidos inapropiados, ciberacoso y adicción a las plataformas digitales.
Detalles del proyecto de ley
El proyecto, denominado “Social Media Age-Restricted Users Bill”, establece que las plataformas de redes sociales deberán implementar mecanismos de verificación de edad para impedir que menores de 16 años creen cuentas. En caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 2 millones de dólares neozelandeses.
Actualmente, Nueva Zelanda carece de medidas legales obligatorias para verificar la edad de los usuarios en redes sociales. Esta propuesta busca llenar ese vacío legal y brindar a los padres herramientas más efectivas para supervisar la actividad en línea de sus hijos.
Contexto internacional
La propuesta neozelandesa sigue el ejemplo de Australia, que en diciembre de 2024 aprobó una legislación similar prohibiendo el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Otros países, como el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, también están considerando medidas en esta dirección.
Reacciones y perspectivas
El primer ministro Luxon ha enfatizado que esta iniciativa no es un tema político, sino una cuestión de protección infantil. Ha expresado su deseo de obtener apoyo bipartidista para que el proyecto avance rápidamente en el Parlamento.
Por su parte, la diputada Wedd ha señalado que muchos padres y educadores han manifestado preocupación por la exposición de los jóvenes a contenidos perjudiciales en línea y la dificultad para controlar su uso de las redes sociales.
Conclusión
La propuesta de Nueva Zelanda refleja una creciente preocupación global por el impacto de las redes sociales en la salud mental y el bienestar de los menores. Si bien la implementación de medidas de verificación de edad plantea desafíos técnicos y legales, el debate sobre cómo proteger a los jóvenes en el entorno digital continúa ganando relevancia en la agenda pública.
