En un movimiento que ha sorprendido al entorno jurídico y financiero internacional, Meta Platforms ha cerrado un acuerdo transaccional con un grupo de accionistas justo antes de que comenzaran los testimonios de altos ejecutivos de la compañía, incluido el propio Mark Zuckerberg. La demanda, tramitada ante la Corte de Cancillería de Delaware, tenía por objeto reclamar responsabilidades a los administradores por supuestas negligencias en el cumplimiento de sus deberes fiduciarios, particularmente por su papel en el escándalo de Cambridge Analytica y la posterior sanción de 5.000 millones de dólares impuesta por la Comisión Federal de Comercio (FTC) en 2019.
El eje del procedimiento residía en la aplicación de la doctrina Caremark, una de las más exigentes en materia de gobierno corporativo. Bajo este estándar, los demandantes argumentaban que el consejo de administración de Meta había desatendido de forma consciente sus obligaciones de supervisión, permitiendo reiteradas violaciones del acuerdo alcanzado en 2012 con la FTC en materia de privacidad de los usuarios. La singularidad de este caso residía en que Zuckerberg, fundador y presidente del consejo, iba a testificar bajo juramento, algo que habría supuesto un hito jurídico y mediático de gran envergadura.
El juicio apenas había comenzado cuando ambas partes anunciaron la transacción, evitando así el desarrollo de un proceso público que habría puesto en evidencia las prácticas internas de la compañía y la actuación de sus más altos dirigentes. Aunque los términos económicos del acuerdo no se han hecho públicos, los accionistas reclamaban hasta 8.000 millones de dólares, una cifra que incluía la multa federal, los costes legales y otros perjuicios derivados de la mala gestión de los datos personales. Todo apunta a que el acuerdo será financiado, al menos en parte, mediante pólizas de seguros de responsabilidad de directivos (Directors and Officers Insurance), si bien esta hipótesis deberá confirmarse una vez se formalice la transacción ante el tribunal.
El cierre de este procedimiento, sin un pronunciamiento judicial sobre el fondo, plantea importantes interrogantes para el estudio del Derecho societario. Por un lado, se refuerza la tendencia a resolver litigios sensibles mediante acuerdos extrajudiciales, evitando así el impacto reputacional de un juicio público. Por otro, se diluye la posibilidad de consolidar jurisprudencia en materia de responsabilidad del consejo por omisiones graves en la supervisión de riesgos regulatorios, especialmente en sectores tan sensibles como el tratamiento de datos personales.
En definitiva, el caso “Meta – accionistas” refleja con claridad las tensiones entre el interés público en la transparencia y la rendición de cuentas, y la lógica corporativa de minimizar riesgos a través de la negociación privada. Será sin duda objeto de análisis académico y doctrinal en el ámbito del compliance, el gobierno corporativo y la tutela judicial efectiva en el contexto del Derecho de sociedades estadounidense.
