Bruselas actúa contra la falta de implementación efectiva del Reglamento de Servicios Digitales (DSA)
La Comisión Europea ha decidido remitir a España, Chequia, Chipre, Polonia y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adoptado las medidas necesarias para la implementación efectiva del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), cuyo plazo de cumplimiento venció el 17 de febrero de 2024.
¿Qué exige la DSA?
El Reglamento (UE) 2022/2065, conocido como Digital Services Act, establece un marco jurídico común para regular las plataformas digitales en toda la UE. Entre sus obligaciones más relevantes destacan:
- La designación de coordinadores de servicios digitales nacionales.
- La adopción de normas de supervisión y ejecución.
- El establecimiento de canales de comunicación con la Comisión y otras autoridades competentes.
¿Qué ha incumplido España?
Pese a que el DSA es directamente aplicable, exige que cada Estado miembro adopte legislación y estructuras administrativas para que las medidas de control sean efectivas. España, junto con los otros cuatro países citados, no ha completado este proceso, lo que impide a la Comisión y al resto de Estados confiar en un sistema coordinado de supervisión.
La Comisión señala que la falta de implementación mina la eficacia del Reglamento y pone en riesgo la protección de los derechos fundamentales de los usuarios y la seguridad jurídica de las plataformas que operan en la Unión.
¿Qué implica la remisión al TJUE?
Se trata de un paso jurídico de especial gravedad en el procedimiento de infracción del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Si el TJUE falla contra estos países y no corrigen su situación, podrán enfrentarse a multas coercitivas (art. 260 TFUE).
Esta acción subraya la determinación de la Comisión Europea de asegurar la aplicación efectiva del nuevo marco europeo para los servicios digitales, especialmente en un contexto en el que la proliferación de contenidos ilegales, la desinformación y la opacidad de los algoritmos requiere respuestas eficaces desde lo público.
La transposición institucional y organizativa de la DSA no es una opción: es un requisito legal y democrático.
