En apenas dos días, la Comisión Europea ha sancionado a dos de los gigantes de internet por incumplir sus nuevas reglas digitales. El 22 de julio de 2026 impuso a AliExpress una multa de 550 millones de euros por vulnerar el Reglamento de Servicios Digitales; el 23, otra de 890 millones a Google por infringir el Reglamento de Mercados Digitales. Son dos leyes distintas, dos problemas distintos y dos compañías muy distintas. Pero, leídas juntas, cuentan una sola historia: Europa ha dejado de escribir obligaciones y ha empezado a exigir que se cumplan.
Durante años, la crítica al modelo europeo fue siempre la misma. Muchas normas, mucha ambición regulatoria y poca capacidad de hacerlas efectivas frente a empresas que facturan más que algunos Estados. Estas dos decisiones, tomadas casi a la vez, son la respuesta de la Comisión a esa objeción. Y conviene entender bien qué castiga cada una, porque no hablan de lo mismo.
Google: el buscador que se recomendaba a sí mismo
La sanción a Google, de 890 millones, se apoya en el Reglamento de Mercados Digitales, la ley que busca mantener abiertos y competitivos los grandes mercados digitales. Se reparte en dos decisiones. La primera, de 460 millones, castiga lo que en la jerga se llama autopreferencia: la práctica de una plataforma que se coloca a sí misma por delante de los demás. La Comisión concluye que Google daba trato preferente a sus propios servicios —compras, hoteles, vuelos, resultados deportivos— frente a los de terceros, situándolos al principio de la página y presentándolos con formatos visuales que los competidores no podían igualar. El artículo 6.5 del reglamento prohíbe exactamente eso. Para el usuario la diferencia parece menor, pero casi nadie pasa de los primeros resultados; para el comparador que compite con Google, esa colocación decide si sobrevive.
La segunda decisión, de 430 millones, apunta a Google Play y a las restricciones que impedían a los desarrolladores dirigir a sus usuarios hacia ofertas mejores fuera de la tienda. Es lo que se conoce como anti-steering. El artículo 5.4 obliga precisamente a lo contrario: a permitir que las empresas comuniquen sus ofertas y guíen hacia ellas al cliente. La Comisión ha considerado, además, que las comisiones que Google cobraba por permitir esa redirección eran excesivas en cuantía y en duración, de modo que el desarrollador quedaba atrapado: podía avisar de un precio más barato en otro sitio, sí, pero pagando un peaje que vaciaba de sentido la alternativa.
AliExpress: la tienda que no vigilaba lo que vendía
La multa a AliExpress juega en otro terreno. El Reglamento de Servicios Digitales no se ocupa de la competencia, sino de la seguridad: de qué circula por las plataformas y de la responsabilidad que estas tienen sobre ello. Por su tamaño —más de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión—, AliExpress está catalogada como «plataforma en línea de muy gran tamaño», lo que la somete a las obligaciones más exigentes del reglamento, empezando por evaluar y mitigar los riesgos que genera su propio servicio.
Y ahí, según la Comisión, falló. La investigación concluye que la plataforma no identificó ni redujo adecuadamente el riesgo de venta de productos ilegales, inseguros y falsificados; que su sistema de verificación de vendedores no era lo bastante sólido para frenar las falsificaciones; que artículos ya señalados como problemáticos seguían disponibles durante semanas; y que las sanciones a los comerciantes infractores no se aplicaban de forma efectiva, de modo que quienes debían quedar fuera seguían operando. En términos sencillos: la ley obliga a estas plataformas a comportarse como un guardián diligente de lo que ocurre en su escaparate, y la Comisión ha entendido que AliExpress no lo fue.
Dos leyes, una misma lógica de cumplimiento
Aquí es donde las dos historias convergen. El Reglamento de Mercados Digitales y el de Servicios Digitales son las dos piezas del andamiaje con el que la Unión ha querido ordenar el mundo digital: uno vela por que los mercados sean justos, el otro por que los espacios en línea sean seguros. Hasta ahora eran, sobre todo, textos. Esta semana se han convertido en decisiones con una cifra al pie.
Y lo verdaderamente relevante, a mi juicio, no son las cifras. Para compañías de este tamaño, ni 890 ni 550 millones son una amenaza existencial. Lo que sí puede serlo es el mecanismo que acompaña a cada multa. A Google se le ha dado un plazo de sesenta días para ajustar su conducta, con la advertencia de multas coercitivas de hasta el 5 % de su facturación mundial diaria si no lo hace. A AliExpress se le exige presentar un plan de remediación antes del 20 de octubre de 2026, y el reglamento permite sanciones de hasta el 6 % de su facturación mundial anual. Es decir, el castigo por lo ya hecho es una cosa; la presión para cambiar de comportamiento es otra, y potencialmente mucho mayor.
Lo que de verdad está en juego
Ninguna de las dos partidas está cerrada. Google ya ha anunciado cambios en cómo presenta sus servicios y conserva la vía de recurrir ante los tribunales europeos, como ha hecho con las grandes sanciones de competencia. AliExpress deberá demostrar con hechos que su plan corrige lo señalado. La sanción a la plataforma china tiene, además, un valor simbólico añadido: es la primera multa de esta magnitud bajo el Reglamento de Servicios Digitales —por encima de los 200 millones que recibió Temu en mayo por incumplimientos parecidos— y marca el punto en que la norma deja de ser una promesa.
El trasfondo es el mismo que ha guiado toda esta arquitectura regulatoria. Durante años, la Unión persiguió estas conductas por la vía lenta del derecho de la competencia o de la protección del consumidor, con procesos que llegaban cuando el daño ya era irreversible. Ambos reglamentos nacieron para invertir esa lógica: reglas claras por adelantado y reacción rápida cuando se incumplen. Estas dos decisiones son la primera prueba seria de que ese modelo puede funcionar.
La pregunta que queda abierta no es cuánto pagarán Google y AliExpress, sino si dentro de unos meses el buscador ordenará sus resultados de otra manera y la tienda vigilará de verdad lo que vende. Si cambian, Europa habrá demostrado que sus leyes digitales tienen fuerza real. Si no, tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar. Y esa, y no el importe de las multas, es la partida que de verdad importa
