España se dispone a multiplicar por diez la velocidad mínima de internet que la ley garantiza a cualquier ciudadano, viva donde viva. El proyecto de real decreto que desarrolla la Ley General de Telecomunicaciones eleva el listón del llamado servicio universal de 10 a 100 megabits por segundo, una cifra que situaría al país entre los primeros de Europa en reconocer esa velocidad como un derecho básico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de emitir su informe sobre esa norma, y su lectura deja una idea que conviene no perder de vista: el titular es la velocidad, pero el problema de fondo es otro.
Conviene explicar primero de qué hablamos. El servicio universal es el conjunto mínimo de servicios de telecomunicaciones que deben estar disponibles para todos los consumidores, en cualquier punto del territorio y a un precio asequible, con independencia de que a las operadoras les resulte rentable llevarlos hasta allí. Hoy comprende dos cosas: el acceso a internet de banda ancha desde una ubicación fija y las llamadas de voz. Es, en esencia, la red de seguridad que impide que vivir en un pueblo pequeño o tener pocos ingresos te deje desconectado.
De 10 a 100 megas: un salto que la CNMC aplaude
La novedad más visible del proyecto es el aumento de velocidad. A los 100 Mbps de bajada se suman, por primera vez, un mínimo de 5 Mbps de subida y una latencia máxima de 690 milisegundos, un parámetro pensado para dar cabida también a la conexión por satélite, que llega donde no llega la fibra pero introduce retardos mayores. La Comisión valora la medida de forma positiva y la considera razonable, porque los 100 Mbps son ya el estándar que se ha generalizado en España gracias al despliegue masivo de fibra. En otras palabras: la norma no fuerza la realidad, la reconoce.
Hasta aquí, buenas noticias. La parte más interesante del informe, sin embargo, no está en la velocidad, sino en dos preguntas menos vistosas: quién garantiza ese servicio y a quién llega de verdad la protección social que lo acompaña.
¿Quién presta el servicio cuando ya no hay un operador designado?
Durante años, la respuesta a «quién garantiza el servicio universal» tuvo nombre propio: Telefónica, designada por el Estado como operadora obligada. Esa designación termina el 31 de diciembre de 2026, justo cuando el nuevo reglamento prevé entrar en vigor, el 1 de enero de 2027. Y el proyecto contempla un escenario nuevo: que no se designe a ningún operador concreto, en la idea de que el mercado, por sí solo, ya cubre casi todo el país.
El problema es cómo se articula ese escenario. Tal como está redactado, el proyecto podría interpretarse en el sentido de obligar a todos los operadores a atender cualquier solicitud de 100 Mbps en las zonas donde prestan servicio. Y ahí la CNMC introduce una cautela sensata: obligar a una compañía a hacer las inversiones necesarias para llevar esa velocidad a cualquier rincón de su área geográfica —incluidos domicilios aislados o de difícil acceso— podría resultar desproporcionado. La Comisión distingue con acierto entre dos cosas que a menudo se confunden: garantizar que el servicio sea asequible para quien ya lo tiene disponible, y garantizar que esté disponible allí donde el mercado no llega. Lo primero puede exigirse a todos; lo segundo, a mi juicio, no debería imponerse por la vía de una obligación general encubierta, sino resolverse con instrumentos como las ayudas públicas, menos intrusivos y ya previstos para cubrir las zonas no rentables.
El punto que de verdad importa: las tarifas sociales que casi nadie usa
Si hay un dato en el informe que merece detenerse, es este. El abono social de telefonía fija, que ofrece Telefónica, tenía 451.646 beneficiarios en 2002; en febrero de 2026 le quedaban 7.994. El abono social de banda ancha, sumando todos los operadores, apenas alcanzaba en esa fecha a 1.822 clientes. Y frente a esas cifras minúsculas, el universo de potenciales beneficiarios es enorme: alrededor de dos millones de pensionistas cobran menos del 120 % del IPREM —unos 720 euros al mes—, cerca de 800.000 hogares perciben el Ingreso Mínimo Vital y unas 350.000 personas son jóvenes desempleados que ya acceden a algunas tarifas sociales.
La distancia entre lo que la norma ofrece y lo que la gente realmente contrata es abismal. Y no por falta de derecho, sino porque las tarifas sociales existentes son poco conocidas, difíciles de contratar y a menudo incompatibles con los paquetes que la gente sí quiere. Aquí el informe pone el dedo en una llaga muy concreta: la inmensa mayoría de clientes contrata paquetes que incluyen también telefonía móvil, y si añadir el móvil hace perder el descuento social sobre la parte fija, la tarifa protegida se vuelve inservible en la práctica. Por eso la Comisión propone que el descuento sobre voz y banda ancha se mantenga aunque el usuario contrate un paquete con móvil, sin extenderlo al móvil pero sin penalizar por incluirlo.
Un descuento rígido y una alternativa que ya asoma en Europa
El proyecto fija un descuento mínimo del 25 % para estas tarifas sociales. La CNMC pide poder modular ese porcentaje según la situación del mercado, en lugar de dejarlo congelado en la norma, y apunta más allá: en línea con la futura Ley europea de Redes Digitales, sugiere estudiar la posibilidad de sustituir el descuento por bonos directos al consumidor —los llamados vouchers—, que recibiría la persona vulnerable y cuyo coste asumiría el Estado. La diferencia no es menor. Con el descuento, la carga recae sobre las operadoras; con el bono, sobre el presupuesto público. Cada modelo distorsiona el mercado de forma distinta, y decidir entre uno y otro es, en el fondo, una decisión política sobre quién paga la inclusión digital.
Lo que hay que vigilar
El informe de la CNMC no es vinculante, y el real decreto todavía es un proyecto que puede cambiar antes de aprobarse. Pero su mensaje resume bien el momento en que estamos. Subir la velocidad garantizada a 100 Mbps es una buena noticia y coloca a España en la vanguardia europea. Sin embargo, el derecho más ambicioso sirve de poco si la protección que debería acompañarlo no llega a quien la necesita. La verdadera prueba de esta reforma no será el número que figure en el boletín oficial, sino que dentro de un par de años haya muchos más de 7.994 hogares beneficiándose de una tarifa social. Esa, y no la cifra de megabits, es la brecha que hay que cerrar
Nota: el informe completo de la CNMC puede descargarse aquí.
