Desde hoy, 1 de julio de 2025, España da un paso histórico hacia la reorganización de su sistema judicial con la entrada en funcionamiento de los primeros Tribunales de Instancia. Se trata del arranque efectivo de una de las reformas más ambiciosas y estructurales del Servicio Público de Justicia en las últimas décadas, impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas de eficiencia organizativa y procesal.
Esta primera fase supone la transformación de más de 300 partidos judiciales en los que desaparecen formalmente los antiguos juzgados unipersonales de Primera Instancia, Instrucción o Violencia sobre la Mujer, para integrarse en una nueva estructura: los Tribunales de Instancia. A partir de ahora, los jueces de un mismo orden jurisdiccional trabajarán de forma colegiada, con competencias compartidas y bajo una organización común que pretende lograr una mayor agilidad, coordinación interna y especialización.
Junto a ello, entran también en funcionamiento las nuevas Oficinas Judiciales Territoriales, que sustituyen y amplían las funciones de las antiguas oficinas de los juzgados. Estas unidades están llamadas a desempeñar un papel crucial en la tramitación de procedimientos y en la gestión eficaz de los recursos personales y materiales de la Administración de Justicia. El objetivo declarado es claro: aliviar la carga burocrática de jueces y letrados de la Administración de Justicia, liberando tiempo para la función jurisdiccional.
La reforma no es meramente estructural, sino que marca el inicio de un nuevo modelo de justicia más cooperativo, digitalizado y racional. Atrás queda un modelo basado en juzgados dispersos, autónomos y muchas veces descoordinados. El nuevo paradigma, que hoy comienza su andadura real, busca homogeneizar criterios, optimizar la asignación de asuntos y evitar duplicidades. Además, se refuerzan los servicios de proximidad a través de las Oficinas de Justicia en el Municipio, orientadas a acercar la justicia a los ciudadanos de forma ágil y moderna, con plena integración en la Justicia digital.
Sin embargo, este hito llega en un contexto tenso. La reforma coincide con una huelga de jueces y fiscales convocada a nivel nacional, que denuncia otros aspectos de la política legislativa del Ministerio de Justicia, como el nuevo modelo de acceso a la carrera judicial o los cambios en la instrucción penal. Esta coincidencia evidencia que, más allá del diseño legislativo, la verdadera eficacia de cualquier reforma judicial dependerá de los medios, el consenso y la voluntad de todos los operadores jurídicos.
Con la entrada en vigor de esta primera fase, que continuará el 1 de octubre y culminará el 31 de diciembre de 2025, se inicia un profundo proceso de transformación que marcará la práctica forense en los próximos años. La implantación progresiva exigirá una adaptación operativa por parte de todos los profesionales del Derecho, pero también abre la puerta a una justicia más ordenada, eficiente y accesible. Hoy se ha encendido el motor del nuevo mapa judicial. Queda por ver si está preparado para recorrer el camino que promete.
