Como ya es de sobra conocido por las informaciones de los últimos meses, España quiere ser un centro neurálgico para la producción y distribución de contenidos audiovisuales («España Hub Audiovisual de Europa») y para ello necesita atraer talento. A esta idea responde la Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Orden PCM/1238/2021, de 12 de noviembre) por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2021, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento de entrada y permanencia de nacionales de terceros países que ejercen actividad en el sector audiovisual. En…

El Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual sigue su curso. Tal cambio obedece a la necesidad de adaptar la normativa española a la Directiva Directiva (UE) 2019/789 de 17 de abril de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE. Pero no sólo. También aprovecha el trámite para remozar una Ley—la audiovisual actual—que lleva más de diez años sin modificarse.  El anteproyecto lleva tiempo siendo comentados por diferentes operadores y…

El Pleno del Tribunal Constitucional ("TC") ha admitido a trámite (mediante providencia) la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contra el artículo 153.1, en relación con los artículos 53 y 50.4 de la de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ("LOREG") y los artículos 34 y 39 de la Ley de Prensa e Imprenta.

El Tribunal Supremo ("TS") acaba de fallar a favor de un paciente que criticó a un facultativo médico a través de varios medios de comunicación en relación a un tratamiento que estaba recibiendo por parte de éste. Entiende el TS que las críticas vertidas públicamente no atentan contra el prestigio profesional del médico por lo que el derecho fundamental a la libertad de expresión del ciudadano prevalece sobre el derecho fundamental a honor y reputación del facultativo.