Mañana 3 de abril de 2025 entra vigor gran parte de la esperada Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma introduce reformas estructurales y procesales de gran calado que afectan a todas las jurisdicciones. A continuación, se resumen los principales cambios introducidos en los ámbitos civil, mercantil, penal y contencioso-administrativo, tanto en aspectos sustantivos como procesales. ÁMBITO CIVIL Sustantivos: Se crea la figura de las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad dentro de los Tribunales de Instancia (art. 86 de la LO 6/1985), con competencia exclusiva para conocer asuntos como custodia, alimentos, adopción o discapacidad. Procesales: Se impone la…
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El Tribunal Constitucional permite la validación de pruebas de otras jurisdicciones en el ámbito penal
El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido un fallo clave que refuerza la posibilidad de que los jueces penales validen pruebas obtenidas en otras jurisdicciones, en particular del ámbito contencioso-administrativo. Esta sentencia marca un precedente importante en la interconexión entre distintos órdenes jurisdiccionales y refuerza la eficacia del proceso penal en la obtención y utilización de pruebas. Antecedentes del caso El caso que ha dado lugar a esta resolución se origina en la impugnación de una condena penal basada en pruebas obtenidas en un procedimiento contencioso-administrativo. El recurrente alegaba que dichas pruebas no podían ser utilizadas en el proceso penal, dado que no habían sido obtenidas en el marco de las…
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Plazo para el cálculo de los intereses moratorios cuando el deudor es la administración
La STS (Sala Tercera) núm. 1880/2024 de 26-11-24 (rec. 6115/2021) [ECLI:ES:TS:2024:5938] establece doctrina respecto al momento de devengo de los intereses en los contratos administrativos, consolidando la interpretación según la cual la presentación de la factura inicia un plazo de verificación indispensable para la correcta liquidación Hechos: recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Lugo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La disputa surge debido al pago de intereses de demora derivados del incumplimiento de pagos relacionados con contratos de obras públicas (rehabilitación de la Plaza de Abastos de Lugo e instalación de iluminación pública). La controversia legal se centra en determinar el “dies a quo”…







