El pasado 26 de septiembre de 2025, los magistrados y magistradas de los Juzgados de Primera Instancia e Hipotecarios de Madrid aprobaron, en Junta, unos criterios orientadores destinados a unificar la interpretación del nuevo requisito de actividad negociadora previa que introduce la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. El documento, emanado del Juzgado Decano de Madrid, carece de carácter vinculante, pero su relevancia práctica es evidente: fija una doctrina orientadora común para todos los órganos de Primera Instancia del Partido Judicial de Madrid, lo que previsiblemente marcará la pauta interpretativa en muchos otros partidos judiciales de España. 1. Un contexto de cambio: de la justicia declarativa a la justicia…

Desde hoy, 1 de julio de 2025, España da un paso histórico hacia la reorganización de su sistema judicial con la entrada en funcionamiento de los primeros Tribunales de Instancia. Se trata del arranque efectivo de una de las reformas más ambiciosas y estructurales del Servicio Público de Justicia en las últimas décadas, impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas de eficiencia organizativa y procesal. Esta primera fase supone la transformación de más de 300 partidos judiciales en los que desaparecen formalmente los antiguos juzgados unipersonales de Primera Instancia, Instrucción o Violencia sobre la Mujer, para integrarse en una nueva estructura: los Tribunales de Instancia. A partir de ahora,…

El pasado 27 de junio de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo dictó una sentencia relevante y cuanto menos de dudoso criterio: un abogado no puede incluir en la cuantía reclamada al cliente los gastos de un burofax enviado para reclamar el pago de sus honorarios, incluso si ya se le reconocieron dichos honorarios en vía judicial. Se trataba de un caso en el que , tras un procedimiento contencioso‑administrativo, el abogado reclamó judicialmente 13.715 €, incluyendo 30 €por el envío de burofax para reproducir la factura y la sentencia. El Juzgado y la Audiencia de Lleida consideraron que esos 30 € eran “gastos del incumplimiento” o “extrajudiciales” según los arts. 1.168 y 1.124 del CC,…

¿Una nueva era en la exoneración del pasivo insatisfecho? La STS 594/2025 y el límite de las derivaciones de responsabilidad En los últimos años, la exoneración del pasivo insatisfecho se ha consolidado como una herramienta crucial para ofrecer una segunda oportunidad real a los deudores de buena fe. Sin embargo, la aplicación del artículo 487.1.2º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) ha venido funcionando como un muro infranqueable cuando se da una derivación de responsabilidad, especialmente en el ámbito tributario o de la Seguridad Social. Hasta ahora, bastaba con que existiera una derivación firme –aunque no necesariamente probada la mala fe del deudor– para que se denegara el…

Un empresario del sector de la hostelería ha sido exonerado de una deuda de 180.866 euros gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona aprobó un plan de pagos de cinco años, permitiéndole reorganizar su economía sin perder su vivienda .  Este empresario había acumulado la deuda tras no poder devolver los préstamos que le concedieron para poner en marcha su negocio de bar, el cual tuvo que cerrar debido a la pandemia de COVID-19. La abogada Marta Bergadà, socia fundadora de Bergadà Abogados, destacó que el empresario cumplía con los requisitos de ser un deudor de buena…

La reciente sentencia 450/2025 del Tribunal Supremo, dictada en Pleno el 20 de marzo, marca un hito en el ámbito del Derecho Concursal en España. Esta resolución declara que el artículo 491.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, incurre en una extralimitación de la habilitación legal al excluir los créditos públicos de la exoneración inmediata. Con ello, el Supremo rompe el blindaje que hasta ahora protegía a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social en los procedimientos de Segunda Oportunidad .  Esta decisión reafirma la doctrina establecida en la sentencia 381/2019, que ya permitía la inclusión de créditos públicos en…

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 562/2025 de 9 de abril (Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Almenar Belenguer), resolvió un caso de responsabilidad civil por negligencia médica en el ámbito obstétrico. El fallo eleva la indemnización a 3.055.797 euros, aplicando con carácter orientador el baremo de tráfico vigente en 2017 (Ley 35/2015), en lugar del de 2013, como habían hecho las instancias inferiores.   Aspectos jurídicos destacados: Este fallo sienta un precedente importante en la jurisprudencia española sobre la aplicación de baremos en casos de negligencia médica, especialmente en situaciones donde las lesiones son graves y permanentes. La decisión de utilizar un baremo más actualizado refleja una…